La Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (INFOCAL) convocó el pasado  octubre una rueda de prensa para explicar la sentencia emitida por la Comisión Nacional de la Competencia contra la empresa GESA GAS que junto a su filial ECA han sido multadas con 90.000 y 30.000€ respectivamente por realizar labores propias de una empresa instaladora, siendo realmente empresas suministradoras. En definitiva, por realizar prácticas prohibidas en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

A pesar de esta sentencia, que apareja unas sanciones de 90.000 y 30.000€, INFOCAL, según su presidente Ernesto Juanico i Bosch, calificó la situación de "victoria pírrica" ya que, aunque se pudiera pensar que con esta sentencia GESA GAS debería dejar de hacer funciones de instalador, lo cierto es que el reglamento ha cambiado, los procedimientos también y, en un futuro, no se sabe a ciencia cierta qué sucederá.

El litigio comenzó en el año 2004, cuando GESA GAS, a través de sus empresas filiales, comienza a inspeccionar y a revisar al mismo tiempo, dando gratis la inspección y cobrando la revisión. Pero

esta última actividad corresponde a las empresas instaladoras, ya que de la misma manera que una empresa instaladora no puede suministrar gas, una empresa suministradora no puede realizar instalaciones.

Esta guerra del gas se ha saldado con una sentencia, favorable , al menos por el momento, a los intereses de los  instaladores aunque como ya hemos explicado quedan muchas dudas sobre si la nueva reglamentación dejará abierta la puerta a que se puedan seguir realizando prácticas "desleales y de intrusismo", aunque en palabras del presidente de INFOCAL, no debería ocurrir.

En el vídeo que aquí se ofrece de la rueda de prensa, se amplían y concretan las declaraciones de la Asociación de Industriales Instaladores.

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) organizó, el pasado 25 de octubre una jornada sobre el futuro de la formación de los conductores profesionales que fue presentada por su presidente Miguel Florit; el conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens; el director gerente de Formación y Servicios de la Confederación de Transporte de Mercancías, Miguel Martínez; y el director de Movilitat Antoni Verger.

En esta presentación se explicó el Real Decreto 1032/2007, aprobado por el Gobierno el mes de julio,  que regula la formación obligatoria sobre aspectos tales como la  seguridad, el ahorro de combustible y la profesionalidad que tendrán que cumplir los conductores de autobuses y vehículos de transportes de mercancías a partir de 3.500 Kilogramos desde los próximos años 2008 y 2009 para obtener el CAP (Certificado de Aptitud Profesional).

Esta nueva formación, con su correspondiente título (CAP), es independiente de la que resulte necesaria para la obtención de los permisos de conducir y podrá ser impartida por escuelas homologadas al respecto, no necesariamente autoescuelas, ya que la nueva situación de los conductores profesionales quedará bajo el control del Ministerio de Fomento y la correspondiente conselleria de la Comunidad Autónoma, y no de Tráfico como hasta ahora.

600.000 conductores profesionales en toda España y, concretamente, 11.500 en Baleares, tendrán la obligatoriedad de este nuevo certificado, más el permiso de conducir, con la posibilidad de asistir a ciclos de formación continuada. Esta última etapa formativa servirá también para recuperar puntos perdidos, en caso de que concurra este hecho en el conductor.

El presupuesto que se destinará por parte del Estado y la Comunidad Autónoma  para la profesionalización de los conductores se prevé en 1,3 millones de euros ya que el CAP será gratuito. Por el mismo coste del permiso de conducir se podrá tener el Certificado de Actitud Profesional y la formación continuada.

La finalidad de estas medidas son las de igualar España a la normativa de la Unión Europea ya que este Real Decreto emana de las recomendaciones de Europa sobre las medidas a tomar en el sector del Transporte.

En varios momentos de la presentación se habló de que estas nuevas medidas para los profesionales, a la larga, podrían afectar a la obtención del permiso de conducir de los no profesionales. Es decir, que estos últimos también tuvieran en un futuro no muy lejano que recibir algún tipo de formación complementaria obligatoria.